Hay Alternativas (17 page)

El excesivo número de salarios bajos en España se debe en parte a unos salarios mínimos muy bajos (junto con Grecia y Portugal). Aquí el salario mínimo es menos de la mitad que en países como Francia, Bélgica, Holanda o Reino Unido.

Y, como es bien conocido, en España los economistas, los empresarios y los políticos conservadores y neoliberales se oponen a la elevación del salario mínimo y proponen incluso su eliminación. Argumentan que su elevación destruiría empleo pero los datos muestran, por el contrario, que Grecia, España y Portugal, que son los países con el salario mínimo más bajo de la UE-15 (en 2008 en Grecia era de 4,86 euros estandarizados por hora, en Portugal de 3,31 y en España de 4,07 euros por hora), tienen también el mayor nivel de desempleo.

Mientras que Francia, Bélgica, Holanda y Gran Bretaña, que tienen un salario mínimo que es más del doble del de España (Francia 8,70, Bélgica 8,23, Holanda 8,22 y Gran Bretaña 8,06 euros estandarizados por hora), tienen un desempleo mucho menor.

En contra de lo que dicen los neoliberales es necesario el aumento del salario mínimo, porque tiene un impacto muy positivo en el nivel salarial de la mayoría de la población empleada, aumenta su capacidad adquisitiva, ayuda a que se recupere la demanda y sirve de estímulo para el aumento de la producción y del empleo. Por eso una de las medidas de mayor éxito tomadas por el presidente Franklin Roosevelt para salir de la Gran Depresión en Estados Unidos fue aumentar el poder de los sindicatos (para que crecieran los salarios) y subir así el salario mínimo.

En resumidas cuentas, en España los salarios son demasiado bajos y la dispersión salarial es demasiado acentuada, lo cual es causa y efecto a la vez de la persistencia de un régimen de distribución de la renta que hace que la economía sea muy ineficiente y tenga que soportar constantemente un altísimo nivel de endeudamiento familiar.

Mientras que los trabajadores vienen sufriendo la pérdida constante de poder adquisitivo de los salarios y peso en la distribución de la renta, recayendo sobre sus espaldas los sacrificios que las políticas neoliberales obligan a hacer, los beneficios de los grupos empresariales más importantes de España que marcan la pauta de desarrollo económico no se han visto afectados.

Durante el periodo de la crisis (2007-2010), época durante la cual el número de desempleados ha pasado de 1,8 millones en 2007 a más de 4 millones en 2010, sólo tres empresas que componen el Ibex-35 (las 35 más grandes que cotizan en Bolsa) han tenido pérdidas, lo cual supone sólo un 8,5 por ciento de las grandes empresas. Todas las demás reportaron beneficios. Es más, de las tres que indicaron pérdidas, dos tuvieron pérdidas sólo durante el primer año y al año siguiente beneficios de más de 900 millones de euros una de ellas, y más de 2.000 millones de euros en la otra. Sólo la tercera empresa, ACERINOX, obtuvo pérdidas dos años seguidos y consiguió obtener 123 millones de euros de beneficio en 2010.

El centro del mundo empresarial no ha tenido pérdidas durante estos años de crisis y a pesar de ello se ha destruido empleo, lo que ratifica la necesidad que planteamos en el capítulo anterior en el sentido de obligar a las grandes empresas a realizar una gestión del empleo en función de la demanda social de bienes y servicios y no sólo de su beneficio. Ha de impedirse que empresas que obtienen beneficios puedan disminuir sus plantillas y es imprescindible que cualquier ventaja fiscal que puedan obtener (al revés de lo que ahora sucede) deba estar condicionada a la creación de empleo y al mejoramiento salarial de sus empleados o al establecimiento de un fondo en la empresa, conjuntamente gestionado por los empleados y la dirección, con el fin de crear empleo.

Se trata de medidas que ya existen en muchos países europeos, en donde, por cierto, hay mucho menor desempleo que en el nuestro, mucha más competitividad y mayor eficiencia económica y bienestar social. Su implantación en España está aún más justificada precisamente porque aquí las grandes empresas tienen un poder excesivo y muy negativo desde el punto de vista de hacer más eficiente y más justa a la actividad económica a costa del que tienen los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios.

Como hemos visto, este excesivo poder de los grandes grupos empresariales ha destruido empleo y ha provocado pérdidas de competitividad al suponer subidas de costes laborales unitarios asociadas a presiones sobre sus precios. Y sus grandes excedentes han alimentado la burbuja especulativa y grandes salidas de capital hacia otros países en detrimento de la inversión y del desarrollo nacional. Hay que poner fin a todo ello urgentemente.

Las propuestas que hacemos nacen de lo que nos parece que son tres evidencias fundamentales de la economía española.

La primera, que sus grandes limitaciones que ya hemos mencionado repetidamente, tienen su origen en la desigualdad y en la insuficiencia de rentas orientadas a su demanda y a su mercado interno.

La segunda, que nos parece que no tiene ningún sentido económico ni es en absoluto viable que todas las economía europeas o todos los sectores y empresas españolas traten de ser competitivas unas frente a otras.

Y la tercera, que la experiencia muestra que no es posible mantener niveles de empleo y de ingreso satisfactorios o suficientes mediante políticas cuyos simples efectos son deprimir la demanda interna y aumentar el excedente empresarial.

Nos parece que de esta evidencia se debe deducir que la regeneración de la economía española sólo puede proceder de una estrategia de fortalecimiento de su mercado interno combinada con otra que modifique a medio y largo plazo su dimensión exportadora, sustituyendo su especialización tradicional por otra basada en nuevas líneas productivas que puedan ser competitivas sin recurrir al simple expediente de los recortes salariales. En nuestra opinión todo ello podría ser posible si se forjara un gran pacto de rentas que permitiera que los salarios recuperen, en un plazo que puede estar entre los cinco y diez años, el mayor nivel de participación en la renta nacional alcanzado en la etapa democrática.

Es fundamental entender que esta medida no va solamente en beneficio de los asalariados sino que al dedicar éstos la mayor parte de sus incrementos de renta al consumo, produciría también una extraordinaria recuperación de la oferta y de los beneficios de las pequeñas y medianas empresas, que la experiencia nos dice que se traducen enseguida en incrementos de las contrataciones.

Para que esta medida fuera viable y tuviera un impacto verdaderamente transformador sería necesario que al mismo tiempo se dispusiera del capital humano, físico y social necesario, lo que obligaría a poner en marcha sobre todo planes extraordinarios de inversiones en educación, innovación y desarrollo, a reconvertir la política de creación de infraestructuras para dejar de estar al servicio de la ganancia de las grandes empresas (en especial bancarias y constructoras) que permitiera la puesta en marcha de las actividades de nueva generación a las que nos referimos en el capítulo III, lo que lógicamente obliga, como veremos en el siguiente capítulo, a aumentar la presencia del sector y el gasto público y no a reducirlo como proponen los neoliberales.

Como hemos comentado, los economistas neoliberales, los dirigentes de los bancos centrales, los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y, por supuesto, los banqueros y los líderes de la patronal afirman que la mejor vía para salir de la crisis y lograr que crezcan la actividad económica y el empleo es bajar los salarios.

Y como lo hacen con tanta insistencia y diciendo siempre que se trata de una idea científica es normal que la población termine creyendo que es así.

Pero es muy importante ser conscientes de que las cosas no son exactamente como las pintan los neoliberales y que hay evidencias empíricas que demuestran, por el contrario, que las propuestas que estamos realizando son mucho más eficaces para generar actividad económica y crear empleo.

Además de las razones que ya hemos analizado con anterioridad, los neoliberales argumentan que el crecimiento económico es espoleado fundamentalmente por las empresas y, por tanto, que es necesaria una alta participación de los beneficios en la renta para que se pueda invertir y así se puedan contratar trabajadores. De modo que los incrementos de la participación de los salarios en la renta debilitarían el crecimiento económico y la creación de empleo. Pero otros economistas estiman, por el contrario, que el crecimiento económico es el resultado de que aumente no sólo la inversión sino también el consumo, el gasto público y el saldo del comercio exterior. Y, por tanto, que se puede generar crecimiento económico mediante el estímulo del consumo que favorecen los salarios más elevados.

Hace ya tiempo, en 1990, los economistas Amit Bhaduri y Stephen A. Marglin desarrollaron un modelo para estudiar cuál de las dos estrategias resulta más favorable para las economías y concluyeron que el resultado final dependía de la configuración de la economía. Es decir, que subir y bajar salarios sería bueno o malo para el crecimiento económico dependiendo de las características específicas de la economía en cuestión.

Según estos economistas un aumento de la participación de los salarios puede debilitar la inversión porque reduce el ahorro —como dicen los neoliberales para justificar que no suban—, pero también incrementa la demanda global de la economía, como sabemos, al aumentar el consumo. El resultado final dependerá entonces de la sensibilidad de la inversión ante las variaciones de la participación de los salarios en la renta.

Pues bien, los estudios empíricos que se han realizado a partir del modelo de Bhaduri y Marglin han determinado que en la mayoría de las economías europeas (incluida la economía europea como un todo) lo mejor para aumentar el crecimiento económico es la alternativa de subir los salarios. Y un estudio realizado por Martin Naastepad en 2007 para España concluyó asimismo que esa estrategia también era la más conveniente para el caso español.

Podemos afirmar, por tanto, que la estrategia neoliberal basada en reducir salarios no favorecerá ni el crecimiento de la actividad ni el aumento del empleo en España y, en consecuencia, que para lograrlos es más acertado actuar como acabamos de proponer.

Como vimos en el capítulo I, el primer efecto destructor de la crisis que emergió en 2007 fue el cierre del crédito a las empresas y a los consumidores, una circunstancia que aún no está resuelta y que, por tanto, y mientras no se solucione, paraliza cualquier tipo de salida a corto plazo de la economía y, por supuesto, el recambio de modelo productivo a medio y largo plazo.

Veremos en este capítulo qué soluciones alternativas tiene este asunto frente a la incapacidad de las autoridades para resolverlo.

Las grandes empresas disponen de gran cantidad de fondos propios y no necesitan tanto de la financiación bancaria, pero las pequeñas y medianas empresas dependen enteramente de los préstamos para financiar su actividad ya que, a diferencia de las primeras, ni tienen liquidez sobrante ni capacidad para emitir acciones o títulos financieros con los que recibir fondos.

Por eso el hecho de que los bancos dejaran de prestar dinero, o que lo hicieran pero a un tipo de interés prohibitivo, supuso un durísimo golpe a la economía real (el 87 por ciento de las PYMES reconocía a comienzos de 2011 tener problemas para obtener un crédito)
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. Y con ello también al empleo, puesto que son precisamente las pequeñas y medianas empresas las que generan la mayor parte del empleo.

Además el cierre del grifo crediticio afectaba también a los hogares, los cuales se endeudaban para compensar una pérdida sistemática de poder adquisitivo. En definitiva los bancos internacionales habían generado un problema importante de financiación de la economía y su crecimiento. Habían empujado a la economía a la crisis.

En esa coyuntura el Banco Central Europeo y los Estados decidieron actuar, pero lo hicieron mal. En lugar de garantizar una banca pública y abrir ellos mismos un canal de transmisión del dinero público hacia la economía, con lo que la actividad económica se hubiera recuperado, tanto el BCE como los Estados siguieron confiando la marcha de la economía a la banca. Ambos prestaron dinero a los bancos a unos tipos de interés muy bajos con la intención de que éstos prestaran a su vez ese mismo dinero a las empresas y a los hogares (aunque, eso sí, a un tipo de interés más alto).

Sin embargo, la banca utilizó el dinero público barato para tapar sus agujeros, para seguir especulando en los mercados financieros o para prestar a los mismos Estados que les estaban dando el dinero. El resultado fue el que cabía esperar: los problemas de financiación de la economía continuaron y la banca siguió sumando beneficios pero ahora a costa de un mayor endeudamiento de los Estados.

Por otro lado, la crisis también secó pronto otra importante fuente de financiación de la economía: la que viene del Estado.

Como cualquier otro agente económico, el sector público tiene tanto ingresos como gastos y, como consecuencia de la recesión provocada por la crisis bancaria, los ingresos del Estado habían comenzado a disminuir.

Los ingresos de los Estados provienen fundamentalmente de los impuestos, cuya cuantía final depende sobre todo de las rentas personales o de los beneficios empresariales que se obtienen (el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades) o del consumo que se realiza (IVA), y en épocas de recesión como la que creó la crisis es lógico que todos ellos caigan en picado, como en efecto ocurrió.

Pero, por otro lado, los gastos del Estado estaban aumentando, puesto que para intentar superar la crisis no sólo se vieron obligados a prestar dinero a los bancos o directamente a rescatar entidades financieras sino también a realizar planes de estímulo a la economía que eran muy costosos.

En definitiva, los gastos en aumento y los ingresos a la baja llevaban a la necesidad de endeudamiento público, es decir, a pedir prestado a quienes tienen dinero.